El Barrio 400 Viviendas de la localidad de Pico Truncado se convirtió en el escenario del caso de vulneración de derechos de las infancias más drástico de los últimos años en Santa Cruz. La trama secreta salió a la luz tras un escape desesperado: una pequeña de 7 años se arrojó al vacío desde la ventana de una planta alta con el único fin de conseguir comida para ella y su hermanito de 5 años. La drástica caída, motivada por un instinto de supervivencia extremo, le permitió dar aviso a los residentes de la zona, quienes llamaron de inmediato a las autoridades y activaron los protocolos de la Dirección de Infancia de la localidad.

A partir de ese momento, la Justicia provincial trabajó bajo un estricto secreto de sumario durante treinta días, acumulando informes médicos y psicológicos devastadores. Los testimonios brindados por los nenes en la Cámara Gesell expusieron una rutina diaria de torturas psicológicas, agresiones físicas y desnutrición forzada. Los encargados de la pesquisa calificaron la situación como un escenario de sadismo sin igual en la región, remarcando que las víctimas permanecían totalmente desconectadas del entorno social y bajo una vigilancia milimétrica.

La Fiscalía imputó formalmente a la mamá de los pequeños y a su concubino bajo graves cargos que incluyen reducción a la servidumbre, privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia, abandono de persona calificado y lesiones graves. El dictamen judicial describe que los imputados generaron una anulación absoluta en la subjetividad de los menores de edad. Una prueba que resultó clave para ordenar el arresto inmediato de la pareja fueron las propias grabaciones de las cámaras de seguridad que los acusados tenían dentro del hogar, las cuales guardaron registros explícitos de los padecimientos físicos e inhumanos a los que eran sometidos.