La desesperada huida nocturna de una menor desnudó un escenario de extrema crueldad en una vivienda de Pico Truncado. Según consta en el expediente judicial, los niños eran sometidos a un régimen de dominación absoluta que incluía severas golpizas, tirones de cabello que provocaban desprendimientos y una sistemática manipulación psicológica para borrar la identidad de su padre biológico fallecido. Los captores bloqueaban la puerta de la habitación de los niños con una escalera y monitoreaban sus movimientos mediante cámaras de videovigilancia para impedir cualquier solicitud de ayuda.

Al momento de ser rescatados por la comitiva policial, los exámenes médicos confirmaron que ambos hermanos padecían desnutrición proteico-calórica crónica, anemia de moderada a severa y retraso en el crecimiento, patologías derivadas de años de privaciones. Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía calificó provisionalmente la causa bajo la regla de concurso real por los delitos de reducción a servidumbre, privación ilegítima de la libertad agravada, lesiones graves y abandono de persona calificado por el vínculo, lo que eleva la escala penal a un piso de 4 años y un techo de 35 años de prisión.

El horror también reavivó el debate sobre el rol de las instituciones del Estado. Las alarmas de los protocolos de deserción escolar nunca se encendieron a pesar de que los adultos les habían prohibido concurrir a clases, lo que facilitó el ocultamiento del cautiverio. La investigación judicial ahora buscará determinar si existieron denuncias previas en las oficinas locales de niñez o si se registraron fallas por omisión en los organismos de protección que debieron actuar para evitar que el flagelo se extendiera en el tiempo.