Tras una prolongada jornada de reclamos impulsada por efectivos de la Policía de Santa Cruz, la prestación del servicio comenzó a normalizarse en la gran mayoría de las dependencias provinciales. Sin embargo, la persistencia de focos de protesta localizados en sectores de Río Gallegos y en la ciudad de El Calafate motivó un duro pronunciamiento del bloque de diputados provinciales de "Por Santa Cruz". A través de un comunicado oficial, el espacio legislativo expresó su firme respaldo a la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo Provincial para destrabar el conflicto y dar por cerrada la negociación paritaria.

De esta manera, la bancada oficialista fundamentó que la recomposición fue fijada mediante la Resolución N.º 342/26 del Ministerio de Seguridad y ratificada por el Decreto Provincial N.º 0660/2026, luego de un proceso que incluyó la presentación y posterior rechazo de 15 ofertas salariales previas. Según sostuvieron los legisladores, la medida "posiciona a la Policía de Santa Cruz entre las tres fuerzas mejor remuneradas del país", garantizando un marco de responsabilidad fiscal y equilibrio en las arcas públicas del Estado.

Los parlamentarios criticaron duramente a los grupos reducidos que mantienen las medidas de fuerza, al considerar que la protesta perdió su carácter genuino y pasó a responder a "intereses políticos que terminan atentando contra la posibilidad de seguir construyendo mejoras salariales". En esa misma línea, el bloque oficialista apuntó de forma directa contra las gestiones municipales de Río Gallegos y El Calafate, acusándolas de generar un importante ahogamiento financiero a la provincia al mantener millonarias deudas previsionales y de cobertura médica. De acuerdo con las cifras expuestas en el documento, Río Gallegos adeuda $66.944.860.951 a la Caja de Previsión Social y $41.979.176.336 a la Caja de Servicios Sociales; mientras que El Calafate acumula deudas por $322.761.262 y $5.615.829.043 con ambos organismos respectivamente.

Finalmente, desde el bloque "Por Santa Cruz" argumentaron que el incumplimiento de estas obligaciones municipales resta cerca de 3.600 millones de pesos mensuales a la tesorería provincial, recursos que —según señalaron— permitirían elevar los salarios de la administración pública y volcar mayores inversiones a infraestructura de salud, educación y seguridad. "La seguridad de nuestra provincia y el bienestar de los trabajadores públicos no pueden quedar subordinados a especulaciones políticas", concluyeron los diputados, exigiendo el estricto cumplimiento de la ley para garantizar la paz social.