La situación procesal de Marcos Herrero sumó un nuevo capítulo judicial en los tribunales de la capital santacruceña. El adiestrador canino, conocido públicamente por sus intervenciones irregulares en causas de resonancia nacional, no aceptó la suspensión del proceso que le proponía la fiscalía a cambio de una pena menor y deberá sentarse en el banquillo de los acusados para responder por las maniobras ilícitas ejecutadas durante los rastrillajes locales.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el accionar de Herrero tuvo lugar en el marco de la investigación por la desaparición de Marcela López, de 61 años. Con el objetivo de inculpar de manera directa a José Luis Balado, expareja de la mujer, el sospechoso habría introducido de forma clandestina un maxilar humano en el predio de la vivienda del vecino, simulando un hallazgo clave que luego fue desmentido por los peritajes científicos de laboratorio.

Las maniobras en Río Gallegos se desencadenaron tras la aparición de un mensaje anónimo que señalaba la propiedad de Balado. Sin contar con la correspondiente autorización de los magistrados a cargo, el acusado ingresó al inmueble con sus perros y aseguró haber detectado restos óseos, elementos vinculados a supuestos rituales y hasta falsos depósitos de dinero vinculados a figuras políticas, relatos que carecían de cualquier sustento real.

Los estudios antropológicos y forenses posteriores derrumbaron la versión del imputado. Los análisis genéticos demostraron que las piezas óseas sembradas en Santa Cruz pertenecían al esqueleto de un hombre y que coincidían de forma exacta con un cráneo que el propio adiestrador había utilizado para entorpecer otra investigación penal en la localidad de Potrerillos, provincia de Mendoza. Las autoridades judiciales confirmaron en su momento que las muestras biológicas presentaban una burda contaminación con el material genético del imputado, dejando al descubierto que los restos provenían de su ámbito personal.

El proceso que se avecina en la Patagonia no es el primero que debe afrontar el presunto falsificador de evidencias. El acusado acumula un pesado historial delictivo en el fuero federal y ordinario por replicar esta misma modalidad operativa en distintos puntos del territorio argentino:

El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca le dictó una condena de siete años de prisión e inhabilitación absoluta tras hallarlo penalmente responsable del delito de falso testimonio agravado en concurso repetido. En ese expediente se demostró que el imputado introdujo amuletos y falsificó supuestos rastros odoríferos para incriminar a miembros de la policía bonaerense en la causa que investigó la desaparición y posterior muerte del joven Facundo Astudillo Castro en el año 2020.

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó de manera integral dicha sentencia, la cual se encuentra unificada con otra pena previa dictada por los tribunales mendocinos debido al delito de encubrimiento. Ante el nuevo escenario en los tribunales de Santa Cruz, y al haber descartado la opción de un reconocimiento de culpabilidad en los plazos establecidos, el procesado se expone a recibir una sanción penal significativamente más alta en caso de ser hallado culpable al término del debate oral.