Las negociaciones salariales entre el Ejecutivo santacruceño y las fuerzas de seguridad sumaron un nuevo capítulo técnico tras llevarse a cabo una nueva sesión del Consejo del Salario. Del encuentro formaron parte las carteras provinciales de Seguridad y Economía, la Secretaría de Estado de Trabajo local y representantes tanto de la Policía como del Servicio Penitenciario, contando además con el respaldo por videoconferencia de la Secretaría de Trabajo de la Nación. En este marco, el Gobierno provincial puso sobre la mesa la que definió como su última y máxima oferta financiera posible. 

La propuesta integral contempla un incremento en el valor punto para el cuatrimestre de junio a septiembre, modificaciones al alza en suplementos específicos y la implementación de un adicional compensador para apuntalar los ingresos de los agentes activos y retirados, previendo un esquema de absorción gradual y una cláusula de revisión para el mes de octubre. Desde las áreas económicas de la provincia enfatizaron que el ofrecimiento demandó un análisis exhaustivo para equilibrar la mejora salarial con el sostenimiento de las cuentas públicas.

Tras evaluar los números oficiales en asamblea con las bases, los delegados de las fuerzas de seguridad comunicaron que la oferta es insuficiente para cubrir sus demandas actuales. A pesar de la negativa, los representantes del Ejecutivo mantuvieron su postura firme de resolver el conflicto mediante los canales institucionales y optaron por sostener el espacio de negociación colectiva. Por este motivo, las partes acordaron volver a verse las caras el miércoles 8 de julio, a las 14.00 horas, en las instalaciones de la Escuela de Policía "Comisario Inspector Eduardo V. Taret", donde se reanudará el debate.

De manera complementaria a la discusión paritaria, las autoridades provinciales reiteraron la necesidad de suspender de forma inmediata cualquier medida de fuerza o quite de colaboración en las dependencias. El Gobierno remarcó que la seguridad pública es un servicio esencial que no puede verse resentido, apelando a la responsabilidad de los uniformados en su rol fundamental de protección ciudadana mientras se encamina el acuerdo definitivo.