Una profunda controversia institucional sacude al Palacio Municipal de Río Gallegos tras la filtración y aplicación de la Orden de Servicio N° 01/2026, emitida por la Secretaría de Deportes. A través de este instrumento público, la gestión encabezada por el intendente Pablo Grasso instrumentó una citación compulsiva para concentrar a trabajadores de planta permanente, contratados, jefes de departamento y cargos políticos en las instalaciones del Gimnasio Municipal Juan Bautista Rocha, con el único propósito de intimar al personal a poner sus renuncias a disposición de la administración comunal.

La circular oficial estableció que la concurrencia revestía carácter obligatorio sin importar el turno de prestación de servicios, obligando a los responsables de área a garantizar la presencia del personal bajo riesgo de sanciones administrativas. La masiva asamblea forzada transformó un recinto deportivo municipal en un escenario de disciplinamiento laboral, donde la cúpula del Ejecutivo capitalino notificó la exigencia de dimisión a los agentes públicos, generando un inmediato estado de alerta y descontento entre las familias municipales.

El uso de la estructura formal del Estado local para exigir la entrega de renuncias en bloque expone el modo autoritario con el que el Ejecutivo riogalleguense administra el empleo público. Al extender la intimación no solo al personal político sin estabilidad sino también a mandos medios y agentes de la planta municipal, la Intendencia apela al miedo como mecanismo de control interno.