En el marco de una investigación por la presunta tenencia y divulgación de material de abuso sexual infantil (MASI), personal de la División Cibercrimen de la Policía de Santa Cruz llevó adelante este miércoles una serie de diligencias judiciales en Río Gallegos.

Los procedimientos fueron autorizados por la Magistratura interviniente y se desarrollaron a partir de distintas tareas investigativas realizadas por los especialistas en delitos informáticos. La causa cuenta además con información proveniente de reportes del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), organismo que recibe y procesa denuncias relacionadas con la explotación sexual infantil en entornos digitales.

Durante uno de los allanamientos, los investigadores secuestraron varios teléfonos celulares de distintas marcas, notebooks, pendrives, memorias externas, adaptadores de tarjetas y un dispositivo de reproducción multimedia, además de una cámara de acción.

Asimismo, en el marco del operativo fueron encontrados y secuestrados un arma de fuego y varias municiones, elementos que quedaron incorporados al procedimiento y deberán ser sometidos a las actuaciones correspondientes.

 

También hubo requisas personales y vehiculares

Como parte de las medidas dispuestas por la Justicia, se realizaron además requisas personales y vehiculares. En ambos casos fueron secuestrados dispositivos electrónicos considerados de interés para la investigación.

Todo el material tecnológico incautado será sometido a pericias informáticas, con el objetivo de determinar su contenido, establecer si existen archivos relacionados con el delito investigado y obtener información que pueda contribuir al avance de la causa.

El operativo contó con la participación de autoridades de la Policía Judicial e Investigaciones, personal especializado de la División Cibercrimen y efectivos de la División Trata de Personas, además de representantes vinculados al Ministerio de Seguridad.

Las diligencias procesales finalizaron durante la tarde. De acuerdo con lo informado a los investigadores, las personas involucradas quedaron a disposición de la Justicia y establecieron domicilio, mientras continúa el proceso judicial.

La investigación permanece abierta y será la Justicia la encargada de determinar, a partir de las pericias y demás elementos incorporados al expediente, si existieron conductas delictivas y las eventuales responsabilidades correspondientes.