El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) definió que el juicio por la causa Hotesur-Los Sauces se llevará adelante con audiencias presenciales y una frecuencia de tres jornadas por semana. La decisión implica que Cristina Kirchner deberá presentarse en los tribunales de Comodoro Py durante el desarrollo del debate oral.

La modalidad fue establecida durante la audiencia preliminar realizada este viernes, en la que se avanzó en la organización del proceso. El juicio tendrá más de 40 imputados y se prevé la declaración de entre 200 y 300 testigos, por lo que el tribunal estableció un cronograma de tres audiencias semanales.

El debate estará a cargo de los jueces José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni. La investigación busca determinar la existencia de presuntas maniobras de lavado de dinero, asociación ilícita y dádivas vinculadas con las empresas Hotesur y Los Sauces, pertenecientes a la familia Kirchner.

Qué investiga la causa

El expediente analiza operaciones comerciales realizadas entre las sociedades de la familia Kirchner y empresas vinculadas a Lázaro Báez y al Grupo Indalo, de Cristóbal López. Según la acusación, esas operaciones podrían haber sido utilizadas para canalizar fondos de origen ilícito.

Entre los principales acusados se encuentran Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez y Víctor Manzanares, histórico contador de la familia Kirchner. También serán juzgados empresarios, exdirectivos, profesionales y otras personas vinculadas con las sociedades investigadas.

En cambio, Florencia Kirchner no llegará a juicio. La Cámara Federal de Casación Penal resolvió en 2023 mantener su sobreseimiento al considerar que era menor de edad cuando comenzó la estructura que es objeto de investigación.

Una pericia clave para el juicio

La definición sobre la modalidad de las audiencias se produjo luego de una serie de demoras relacionadas con una pericia contable considerada relevante para avanzar hacia el debate oral.

El TOF 5 había desplazado a uno de los peritos que intervenía en el estudio después de reiteradas intimaciones que no habían sido respondidas. Posteriormente, fueron designados especialistas de la Corte Suprema para completar el análisis.

La pericia se concentra, entre otros aspectos, en la operatoria de la inmobiliaria Los Sauces y en los contratos vinculados con las sociedades investigadas. El objetivo es comparar los contratos utilizados para la explotación de establecimientos de la familia Kirchner y determinar si los montos pactados se correspondían con las condiciones del mercado.

Además, el estudio contempla información sobre la cantidad y ocupación de habitaciones, tarifas, servicios facturados, personal, temporadas y principales clientes. También analiza los balances correspondientes al período 2009-2013, con el objetivo de establecer la evolución de las utilidades y disponibilidades de las empresas.

Los pagos bajo investigación

Según la acusación fiscal, empresas vinculadas a Báez y López realizaron pagos a las sociedades hoteleras e inmobiliarias de la familia Kirchner y esas operaciones habrían funcionado como una pantalla para introducir fondos de origen ilícito en el circuito legal.

En particular, la fiscalía sostiene que Báez pagó más de $27 millones entre 2009 y 2013 a través de Valle Mitre por la explotación de hoteles, entre ellos el Alto Calafate. A esa suma se habrían agregado otros $11 millones provenientes de empresas del Grupo Austral, en operaciones que incluyeron habitaciones que, según la acusación, no habrían sido ocupadas.

La causa también contempla una imputación por dádivas, relacionada con los vínculos comerciales entre Cristina Kirchner y contratistas del Estado durante el período en que ejerció funciones públicas.

El expediente está relacionado con el caso Vialidad, en el que Cristina Kirchner y Lázaro Báez fueron condenados, aunque Hotesur-Los Sauces analiza un circuito comercial y financiero diferente, vinculado con las empresas de la familia Kirchner y compañías relacionadas con empresarios que tuvieron contratos con el Estado.

Entre las medidas incorporadas a la investigación figuran pedidos de información bancaria sobre movimientos de fondos, registros de empresas transportadoras de caudales y documentación vinculada con consumos, pagos de servicios e impuestos de establecimientos hoteleros de El Calafate.

Con la definición del TOF 5 sobre la presencialidad y la frecuencia de las audiencias, el proceso avanza hacia una nueva etapa de un juicio que tendrá una extensa lista de imputados y testigos y que volverá a poner bajo análisis las operaciones comerciales y financieras vinculadas con Hotesur y Los Sauces.