La investigación judicial sobre la compra de un departamento ubicado en el edificio donde reside Cristina Kirchner sumó nuevas medidas. El juez federal Julián Ercolini resolvió levantar el secreto fiscal y bancario de María Soledad Calle y solicitó información a distintos organismos públicos con el objetivo de reconstruir su situación patrimonial.

Entre las medidas dispuestas se encuentran pedidos de información a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Anses, Migraciones y el Ministerio de Capital Humano. Asimismo, el magistrado requirió documentación relacionada con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el dirigente sindical Abel Furlán y la empresa USEM S.A.

En particular, ARCA deberá aportar las declaraciones juradas de Calle y Furlán correspondientes a los períodos comprendidos entre 2022 y 2025, mientras que la Anses deberá informar los registros laborales, empleadores y remuneraciones de la sindicalista. Por otra parte, se solicitó documentación contable de la UOM correspondiente a los últimos cinco ejercicios.

La compra del departamento y las medidas sobre sus bienes

Uno de los puntos de la investigación está relacionado con el inmueble ubicado en San José al 1100, en la Ciudad de Buenos Aires, cuya titularidad registral se atribuye a Calle y que se encuentra debajo de la vivienda de la expresidenta Cristina Kirchner.

En este contexto, Ercolini pidió al Registro de la Propiedad Inmueble un informe completo sobre la unidad funcional y también requirió información vinculada a vehículos que serían propiedad de Calle. Además, solicitó determinar si ella o Furlán poseen embarcaciones registradas.

La Justicia también puso bajo análisis la vinculación de Calle con USEM S.A., empresa que fue constituida en 2022 y que posteriormente celebró un contrato de prestación de servicios con la UOM para intervenir en la administración y distribución de fondos destinados a las distintas seccionales del sindicato.

El vínculo entre USEM y la UOM

Según la documentación incorporada a la causa, USEM comenzó a prestar servicios para la UOM en marzo de 2023, mediante un convenio que contemplaba una comisión mensual equivalente al 0,5% de los fondos ingresados a una cuenta fiduciaria.

Calle aparece entre las personas vinculadas a la constitución de la sociedad y fue designada directora suplente. A partir de esta relación comercial, la investigación busca establecer el funcionamiento del esquema financiero y determinar el recorrido de los fondos involucrados.

La documentación analizada incluye rendiciones de cuentas con distintos gastos y movimientos económicos. Entre los conceptos mencionados figuran desembolsos millonarios, gastos de caja chica, congresos, tarjetas corporativas, proveedores y otros servicios.

De acuerdo con la información incorporada al expediente, la Justicia intenta determinar si USEM llegó a percibir alrededor de $350 millones mensuales en concepto de comisiones y cuál fue el destino de esos recursos.

La investigación continúa

El contrato entre la UOM y USEM fue firmado por representantes del sindicato y de la empresa y estableció una vigencia de diez años, desde marzo de 2023 hasta febrero de 2033.

Ahora, con el levantamiento del secreto fiscal y bancario, el juez Ercolini busca ampliar la información disponible sobre los ingresos, bienes, actividades laborales y relaciones comerciales de las personas y entidades involucradas.

La causa continúa en etapa de investigación y las nuevas medidas deberán permitir establecer si existieron irregularidades y, eventualmente, determinar las responsabilidades que correspondan.