El nombre de Marcela Chocobar quedó ligado a uno de los crímenes más impactantes de la historia reciente de Santa Cruz. Tenía 26 años, era una mujer trans y vivía en Río Gallegos cuando, durante la madrugada del 6 de septiembre de 2015, fue vista por última vez después de salir del local nocturno Russia.

Once años más tarde, la Justicia estableció responsabilidades penales por su asesinato. Sin embargo, una parte fundamental de la historia permanece sin respuesta: salvo por el cráneo encontrado días después de su desaparición, el resto del cuerpo de Marcela nunca fue hallado. Su familia también ha reclamado respuestas sobre un tercer perfil genético, su teléfono celular y otras pertenencias.
 

La última madrugada de Marcela

Durante la noche del sábado 5 y la madrugada del domingo 6 de septiembre de 2015, Marcela había salido a bailar al local Russia, en Río Gallegos. Las cámaras de seguridad registraron parte de sus últimas horas y, aproximadamente a las 6:30 de la mañana, captaron el momento en que subió a un Renault 9 rojo en el que se encontraban Oscar Biott y Ángel Azzolini.

Esa fue la última imagen conocida de Marcela con vida.

Cuando dejó de responder mensajes y no regresó, su familia comenzó a buscarla. Sus hermanas acudieron a la Policía y posteriormente denunciaron dificultades iniciales para formalizar la desaparición.
Judith Chocobar, hermana de Marcela, relató años después que las primeras respuestas minimizaron lo que estaba ocurriendo. Pese a ello, la familia continuó buscándola.

El hallazgo en San Benito

Poco más de una semana después, un hombre encontró un cráneo humano en el barrio San Benito, en la periferia de Río Gallegos. Existen diferencias respecto de la fecha exacta del hallazgo, ubicado entre el 13 y el 14 de septiembre de 2015. En las inmediaciones también aparecieron elementos vinculados a Marcela, entre ellos prendas, una cadena, una bota y cabello.

El 29 de septiembre, los estudios de ADN confirmaron que los restos pertenecían a Marcela Chocobar. Para entonces, la búsqueda de una persona desaparecida se había convertido en la investigación de un homicidio.

Entre las evidencias incorporadas a la causa apareció además una prenda sobre la cual se detectaron tres perfiles genéticos: el de Marcela, el de Oscar Biott y un tercero cuya identidad no había sido determinada. Ese dato se convertiría años después en uno de los puntos cuyo esclarecimiento reclamaría Gabriela Chocobar, hermana de Marcela.
 

La investigación sobre Biott y Azzolini

Oscar Biott, guía de turismo, y Ángel Azzolini, empleado municipal, convivían por entonces en una cabaña de Río Gallegos.
La investigación logró establecer que Marcela había subido al Renault 9 en el que se encontraban ambos. Desde allí comenzó la reconstrucción sobre lo ocurrido después de que abandonaran la zona del boliche.

Biott dio su propia versión de aquella madrugada. Sostuvo que junto con Azzolini hicieron señas a Marcela para que subiera al vehículo y se dirigieron hacia la cabaña. También afirmó que posteriormente mantuvo una discusión y una pelea con ella, que Marcela quedó desvanecida y que, según su relato, todavía presentaba signos vitales cuando la dejó.

Esa fue la versión del acusado, pero no coincidió con las conclusiones a las que posteriormente llegó la Justicia. Durante la investigación también apareció el nombre de Adrián Fioramonti, amigo de Biott y Azzolini. Estuvo detenido en el marco de la causa, aunque posteriormente obtuvo falta de mérito y no llegó al juicio como acusado.
Fioramonti declaró que durante aquel domingo Biott lo habría llamado para pedirle ayuda porque el Renault 9 había quedado detenido cerca de una laguna próxima al barrio San Benito. También sostuvo haber visto a Biott manchado de sangre y que este le manifestó que había tenido una pelea o un problema.

La familia Chocobar cuestionó públicamente que Fioramonti no fuera imputado y sostuvo sospechas sobre su posible participación. Sin embargo, no fue condenado por el crimen. El 18 de abril de 2016, Biott y Azzolini quedaron detenidos con prisión preventiva.
 

FOTO: Agencia Presentes

De homicidio simple a un crimen de odio

Mientras avanzaba la investigación, la familia sostuvo movilizaciones, presentaciones y reclamos para que el crimen fuera abordado teniendo en cuenta la identidad de género de Marcela. La causa había llegado inicialmente bajo la figura de homicidio simple, pero sus hermanas y las organizaciones que las acompañaron reclamaron que se analizara la posibilidad de que Marcela hubiera sido asesinada por ser una mujer trans.

La discusión encontraba respaldo en la Ley 26.791, sancionada en 2012, que modificó el artículo 80 del Código Penal e incorporó agravantes para homicidios cometidos, entre otros supuestos, por odio a la orientación sexual, identidad de género o su expresión. Ese planteo se convertiría en uno de los puntos centrales del juicio.

2019: el juicio y las pruebas sobre el crimen

El 21 de mayo de 2019, casi cuatro años después de la desaparición, comenzó el juicio oral ante la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial de Santa Cruz. Los acusados eran Oscar Biott y Ángel Azzolini.

Durante el debate, tanto la querella como la Fiscalía solicitaron que el homicidio fuera juzgado incorporando el agravante de odio a la identidad de género.

En la segunda audiencia declaró un testigo mencionado durante el proceso como “arrepentido”, quien sostuvo que Biott y Azzolini habían participado del descuartizamiento de Marcela.

El 3 de junio, durante la cuarta audiencia, declaró el doctor Echandi, integrante del equipo forense de la Justicia de Santa Cruz que había trabajado sobre el cráneo. El especialista describió lesiones producidas con elementos filosos y explicó que se había producido un desmembramiento post mortem, con características que mostraban una intervención realizada con precisión.

La declaración fue una de las más fuertes del juicio y aportó elementos relevantes para reconstruir lo sucedido después de la muerte de Marcela.

13 de junio de 2019: la primera sentencia

El 13 de junio de 2019, la Cámara Criminal de Río Gallegos dictó sentencia. Oscar Biott fue condenado a prisión perpetua por homicidio calificado por odio a la identidad de género. Ángel Azzolini, en cambio, recibió seis años de prisión por encubrimiento agravado.

La decisión respecto de Azzolini generó una fuerte disconformidad en la familia. La querella y la Fiscalía consideraban que debía responder por una participación en el homicidio y no solamente por el encubrimiento posterior.

Uno de los integrantes del tribunal, el juez Joaquín Cabral, también sostuvo una posición diferente respecto de Azzolini y planteó una pena de 15 años bajo una figura de participación en el crimen.

La sentencia contra Biott representó un precedente para Santa Cruz al reconocer el agravante de odio a la identidad de género, pero la situación judicial de Azzolini todavía quedaría abierta.

La apelación que cambió la condena

La querella presentó un recurso de Casación para que se revisara la responsabilidad de Azzolini y pidió que fuera considerado partícipe secundario del homicidio. El Ministerio Público Fiscal, por su parte, sostuvo que correspondía considerarlo partícipe necesario.

Mientras se resolvían los recursos, la sentencia no se encontraba firme.

En septiembre de 2021, Azzolini solicitó la libertad condicional, pero el pedido fue rechazado. En abril de 2022, en cambio, consiguió una excarcelación provisoria debido a que la sentencia continuaba sin estar firme. Su situación cambiaría pocos meses después.

2022: el Tribunal Superior redefine el caso

En julio de 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz resolvió los recursos contra la sentencia. Por mayoría, confirmó la prisión perpetua de Oscar Biott por homicidio calificado por odio a la identidad de género.

El Tribunal consideró acreditado que Biott le quitó la vida a Marcela y analizó la mutilación posterior de su cuerpo como uno de los elementos vinculados al odio hacia su identidad de género. La mayoría entendió además que el modo en que fue mutilada y separada su cabeza constituía un mensaje de odio que trascendía a la propia víctima y alcanzaba a un colectivo más amplio.

El juez Daniel Mariani sostuvo una posición disidente respecto de este punto y consideró que el agravante de odio no estaba debidamente acreditado. En cuanto a Azzolini, el Tribunal Superior modificó su situación: dejó atrás la condena por encubrimiento y lo declaró partícipe secundario del homicidio calificado por odio a la identidad de género. La pena fue elevada de seis a 15 años de prisión.

La Justicia entendió que Azzolini había realizado un aporte al crimen, aunque ese aporte no había sido imprescindible para que el homicidio se produjera. Tras la resolución debía regresar a prisión para continuar cumpliendo la pena.

El fallo terminó de consolidar al caso Marcela Chocobar como un antecedente de relevancia provincial y nacional en el tratamiento judicial de los crímenes motivados por odio a la identidad de género.

   
FOTO: LATFEM.ORG

Lo que todavía quedó sin respuesta

Las condenas establecieron responsabilidades penales, pero no respondieron todos los interrogantes que acompañaron el caso desde 2015. El principal reclamo de la familia sigue ligado a los restos de Marcela que nunca fueron encontrados. También se plantearon preguntas sobre el tercer perfil genético detectado en una de las prendas, el teléfono celular y otras pertenencias personales.

Después del fallo de 2022, Gabriela Chocobar volvió a reclamar que estos puntos fueran esclarecidos y sostuvo que la búsqueda de Marcela debía continuar.

Con la información disponible, no puede afirmarse que en septiembre de 2026 exista actualmente una investigación judicial activa destinada a identificar ese tercer ADN. Sí puede establecerse que fue uno de los interrogantes cuyo esclarecimiento reclamó la familia.

Once años después

El 6 de septiembre de 2026 se cumplieron once años desde la última vez que Marcela Chocobar fue vista con vida.

El crimen no quedó impune: Oscar Biott fue condenado a prisión perpetua y Ángel Azzolini a 15 años de prisión como partícipe secundario. Pero tampoco todas las preguntas encontraron respuesta.

Judith, Gabriela y las demás hermanas de Marcela atravesaron años de búsqueda, movilizaciones y procesos judiciales hasta conseguir que el crimen fuera juzgado incorporando la identidad de género de Marcela y que se establecieran responsabilidades por su asesinato.

A más de una década de aquella madrugada, permanece la ausencia más dolorosa: el resto de su cuerpo nunca fue recuperado y su familia todavía no pudo despedirla y darle sepultura.

El caso Marcela Chocobar quedó así marcado en la historia judicial de Santa Cruz por las condenas y por el reconocimiento del odio a la identidad de género como agravante, pero también por una búsqueda que, para su familia, continúa incompleta mientras queden respuestas pendientes.