La Cámara de Diputados de la Nación aprobó durante la madrugada de este jueves 22 de octubre una nueva ley de protección social para personas con discapacidad, luego de un acuerdo entre La Libertad Avanza, Unión por la Patria y distintos bloques parlamentarios. La votación concluyó con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones, otorgando media sanción a una iniciativa que busca reemplazar el carácter transitorio de la actual emergencia por un sistema de protección permanente.

El proyecto, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, conserva gran parte de los beneficios contemplados en la Ley 27.793, pero introduce modificaciones vinculadas con el financiamiento, las auditorías y la continuidad de las prestaciones.

Los principales cambios que contempla el proyecto

Entre los puntos centrales se establece la compatibilidad entre las pensiones por discapacidad y el empleo formal o el monotributo, siempre que los ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Asimismo, la iniciativa mantiene la actualización periódica de los aranceles de las prestaciones mediante el índice de movilidad jubilatoria y garantiza la cobertura médica básica a través del programa federal Incluir Salud.

En materia presupuestaria, determina que los fondos asignados por el Ministerio de Salud no podrán ser inferiores, en términos reales, a los correspondientes al ejercicio anterior.

Por otra parte, incorpora un sistema de auditorías periódicas mediante el cruce de información de organismos nacionales, con mecanismos para que los beneficiarios puedan presentar documentación y realizar descargos ante posibles inconsistencias.

Acuerdo entre el oficialismo y Unión por la Patria

La aprobación fue posible después de una serie de negociaciones entre representantes del oficialismo, bloques dialoguistas y legisladores de Unión por la Patria, que inicialmente impulsaban la prórroga de la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027.

En este contexto, el diputado Juan Marino explicó que la decisión de acompañar el nuevo texto surgió luego de evaluar las posibilidades de alcanzar los votos necesarios y mantener conversaciones con organizaciones del sector.

Entre las modificaciones incorporadas se destacó la ampliación de garantías para beneficiarios de pensiones, la continuidad de la cobertura médica y la necesidad de establecer mecanismos para regularizar pagos atrasados a prestadores.

Por su parte, el oficialista Gerardo Huesen defendió la propuesta al considerar que permitirá establecer reglas permanentes y mayor previsibilidad para las personas con discapacidad y sus familias.

Financiamiento y deudas con prestadores

Uno de los aspectos relevantes del debate estuvo relacionado con la situación económica de las instituciones y profesionales que brindan servicios a personas con discapacidad.

En este sentido, el proyecto incorpora una cláusula transitoria que exige establecer un cronograma para el pago de compensaciones pendientes. Además, contempla un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente ese mecanismo.

Durante la sesión, distintos legisladores opositores advirtieron que la aprobación de una nueva norma no será suficiente si no se garantiza su aplicación efectiva.

La diputada Victoria Tolosa Paz destacó las modificaciones introducidas al texto, aunque remarcó la importancia de asegurar los recursos presupuestarios necesarios para sostener las prestaciones.

El proyecto ahora deberá ser tratado por el Senado

Pese al amplio respaldo legislativo, algunos sectores expresaron diferencias respecto del acuerdo alcanzado. Desde el Frente de Izquierda y otros espacios cuestionaron que se abandonara la propuesta de extender la emergencia y plantearon dudas sobre la implementación de las medidas.

En tanto, legisladores que acompañaron la iniciativa insistieron en la necesidad de acelerar su tratamiento en la Cámara alta para evitar demoras.

Con la media sanción obtenida, el proyecto será enviado al Senado de la Nación, donde deberá completar el trámite legislativo antes de convertirse en ley.

La votación representa un avance parlamentario en medio de los reclamos de organizaciones, familias y prestadores por la continuidad de los servicios, el acceso a las pensiones y el cumplimiento de las obligaciones del Estado.