El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces continuará este lunes 2 de noviembre ante el Tribunal Oral Federal N.º 5, con la lectura del requerimiento de elevación a juicio contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo Kirchner y otros imputados.

El proceso judicial busca determinar si existieron maniobras de lavado de activos mediante operaciones comerciales y contratos inmobiliarios celebrados entre empresas vinculadas a la familia Kirchner y sociedades pertenecientes a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa.

Durante la audiencia anterior, el fiscal Diego Velasco presentó los principales argumentos de la acusación, que sostiene que parte de los fondos obtenidos por determinadas empresas mediante contratos y beneficios estatales habrían regresado al entorno familiar de los exmandatarios a través de alquileres de propiedades.

La Fiscalía investiga un presunto circuito de dinero

Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, las empresas vinculadas a Báez y al Grupo Indalo habrían recibido beneficios económicos provenientes de contrataciones con el Estado nacional.

Posteriormente, parte de esos recursos habría sido transferida a la sociedad inmobiliaria Los Sauces S.A., perteneciente a la familia Kirchner, mediante contratos de alquiler de inmuebles y establecimientos hoteleros.

Los investigadores consideran que esas operaciones podrían haber sido utilizadas para otorgar apariencia de legalidad a fondos presuntamente obtenidos de manera irregular.

Sin embargo, se trata de una hipótesis de la acusación que deberá ser examinada durante el juicio oral, donde también corresponde evaluar las pruebas y los argumentos de las defensas.

El 88% de la facturación provenía de empresas vinculadas a Báez y al Grupo Indalo

Uno de los datos expuestos por la Fiscalía señala que el 88% de la facturación de Los Sauces durante el período investigado correspondía a operaciones con sociedades relacionadas con los grupos empresarios mencionados.

De ese porcentaje, un 65% habría provenido de empresas del Grupo Indalo, mientras que otro 23% correspondía a firmas vinculadas con Lázaro Báez.

Asimismo, la acusación sostiene que entre 2009 y 2016 la inmobiliaria facturó aproximadamente $25,9 millones por contratos de alquiler con esas compañías.

Durante ese mismo período, el patrimonio neto de la sociedad se incrementó de $100.000 a más de $12,1 millones, según las cifras incorporadas al requerimiento judicial.

Para la Fiscalía, estas operaciones presentan características que justifican investigar si los alquileres respondían a actividades comerciales reales o si formaban parte de un mecanismo de lavado de activos.

Propiedades en Santa Cruz y Buenos Aires bajo análisis

La investigación también comprende distintas adquisiciones inmobiliarias realizadas por la sociedad y sus integrantes.

Entre ellas aparece la compra de un terreno en El Calafate, cuyo valor declarado habría sido de $7,50 por metro cuadrado, además de operaciones relacionadas con departamentos en Puerto Madero.

El Ministerio Público Fiscal cuestionó las condiciones de determinadas transacciones, incluyendo pagos diferidos, documentación registral y presuntas compraventas simuladas.

Otro de los inmuebles mencionados es el departamento ubicado en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, adquirido en 2015 por 370.000 dólares, donde actualmente Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria por una condena correspondiente a otra causa judicial.

Estas operaciones forman parte del conjunto de movimientos patrimoniales que serán examinados durante el debate oral.

Continúa la lectura de la acusación

El Tribunal Oral Federal N.º 5 retomará este lunes la exposición correspondiente a la causa Los Sauces, mientras que para el jueves 5 de noviembre está previsto que pueda comenzar la lectura del requerimiento relacionado con Hotesur.

La investigación reúne operaciones inmobiliarias, contratos hoteleros y presuntas irregularidades financieras que, según la Fiscalía, integrarían un mismo circuito económico.

El avance del juicio permitirá analizar la documentación incorporada a los expedientes, escuchar a los testigos y conocer los planteos de las partes involucradas.

Por el momento, las acusaciones por lavado de activos y las restantes figuras penales investigadas en Hotesur-Los Sauces deben ser resueltas por el tribunal, sin que la apertura del juicio implique una declaración de culpabilidad.