Desde hace algunos años atrás, cuando se comenzaron a ver los primeros atisbos de que la empresa de transportes de pasajeros “Uber” iba a instalarse en la ciudad de Río Gallegos, los taxistas comenzaron a “levantar la perdiz” y observar con detenimiento el funcionamiento de dicha empresa, la cual no se manejaba bajo los marcos regulatorios con la que actualmente si se manejan otros medios de transporte tales como los taxis o los remises.
Ante esto, y luego de que se comenzara a instalar esta nuevo medio de transporte, los taxistas comenzaron con arduos reclamos para pedir que se regularice la empresa en la localidad debido a que sus conductores se encontraban ejerciendo su labor de forma ilegal y sin contar con los requerimientos necesarios tales como seguros, antecedentes penales y el pago de los impuestos municipales que éstos deben abonar cada año.
Sin embargo, los reclamos fueron pasados por alto y a pesar de que los mismos intentaron advertir por sus propios medios a la comunidad de que el abordar un uber era peligroso debido a que los mismos no contaban con las medidas de seguridad necesarias para el transporte de pasajeros, esta nueva metodología de transporte se comenzó a popularizar entre los vecinos debido a los bajos costos de traslado y la aplicación de transporte de pasajeros se instaló para quedarse.
A pesar de esta negativa por parte de las autoridades de tomar el asunto en sus manos y regularizarlo como así también de hacer que cumplan las mismas normas que les suelen ser requeridas a ellos de forma obligatoria para poder realizar su trabajo, las mismas ignoraron el asunto y, hasta el dia de hoy, la aplicación continúa funcionando de forma irregular. Ante esto, los trabajadores de taxis de la ciudad de Río Gallegos decidieron nuclearse en una comisión directiva denominada “Asociación de Concesionarios de Taxis” cuya nueva presidenta, Patricia Wingad, encabeza la lucha.
Uber en El Calafate
Un ejemplo claro de la imposición de un marco regulatorio a la empresa Uber fue lo sucedido en El Calafate, en donde -guiados por la Ley de Tránsito Nº 2417- señalaron que el transporte de pasajeros que no esté concesionado por el Estado provincial y que sea publicitado por distintos medios electrónicos, sistemas informáticos, redes sociales y aplicaciones para teléfonos móviles está prohibido y no debería funcionar en la provincia de Santa Cruz hasta tanto exista una regulación específica para los mismos. Las multas para aquellos que brinden el servicio de transporte sin la habilitación correspondiente tiene un valor total de 17.000 litros de nafta infinia, es decir, un aproximado de $22.270.000 pesos.
Si bien, según la Ordenanza Municipal de la localidad de El Calafate, existe una regulación para las aplicaciones digitales de servicios de transporte, la misma sólo contempla vehículos habilitados.
Finalmente, y como parte del reclamo para implementar un marco regulatorio en la aplicación de servicios de transporte Uber, desde la Asociación de Concesionarios de Taxis decidieron realizar un cese completo de sus actividades para hoy lunes 07 de abril.
Qué dijo el Municipio
El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Río Gallegos, Diego Robles, señaló que si bien recibieron el pedido por parte de los trabajadores de taxis, remarcó que considera ilógico llegar a un paro de servicio sin antes mediar por medio del diálogo: “Una medida que interrumpe la normal circulación del tránsito produce efectos no deseados en los vecinos y que se plantee una especie de bloqueo y amenazas. Entendemos que no es la manera en la que debe construirse comunidad o consenso, más allá que el reclamo de algún sector pueda ser más o menos legítimo, pero de ninguna manera puede afectar a todo el conjunto”, apuntó.
